En una declaración hecha el 12 de agosto, la Secretaria Clinton dijo que Estados Unidos está «profundamente preocupado por la constante persecución que el Gobierno iraní lleva a cabo contra los bahá’is y otras minorías religiosas en Irán».

«La libertad de religión es un derecho de nacimiento de la gente de todas las denominaciones y creencias en cualquier lugar», afirmó.

«Estados Unidos está comprometido con la defensa de la libertad religiosa en todo el mundo, y no hemos olvidado a la comunidad bahá’í de Irán»

«Seguiremos protestando contra la injusticia y exigiendo al Gobierno iraní que respete los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de acuerdo con sus obligaciones internacionales», dijo la Secretaria Clinton.

La declaración de Estados Unidos se emitió al mismo tiempo que la Comunidad Internacional Bahá’í recibía noticias del traslado de los siete dirigentes bahá’ís desde la prisión de Evin en Teherán, donde habían permanecido encarcelados durante más de dos años, a la de Gohardasht, también conocida como Prisión Rajaishahr, en Karaj, a unos 20 km al oeste de la capital iraní.

Otros apoyos

La Unión Europea también ha expresado su apoyo a los prisioneros en una declaración hecha por la Baronesa Catherine Ashton, el Alto Represtentante para Asuntos Exteriores y Política, en los siguientes términos:

«La Unión Europea expresa seria preocupación por la sentencia de los siete dirigentes bahá’ís de Irán a 20 años de cárcel y reclama su inmediata puesta en libertad».

«El veredicto parece estar basado en que los acusados pertenecen a una minoría religiosa y el proceso judicial ha sido completamente defectuoso, pues no respeta ni el compromiso internacional de Irán ante el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ni su legislación nacional relativa al derecho a un juicio justo».

«La Unión Europea recuerda que la libertad de pensamiento, conciencia y religión son derechos fundamentales que deben garantizarse bajo toda circunstancia según el artículo 18 del PIDCP que la República Islámica de Irán firmó y ratificó».

«La Unión Europea insta a Irán a poner fin a la persecución contra la comunidad bahá’í», dijo la Baronesa Ashton.

En el Reino Unido, el Secretario de Asuntos Exteriores, William Hague, dijo que se había quedado «horrorizado» al enterarse de la sentencias de prisión y las calificó de «ejemplo sorprendente de la constante discriminación del Estado iraní contra los bahá’ís».

«Es totalmente inaceptable», dijo el Sr. Hague en una declaración emitida el miércoles.

«El poder judicial iraní continúa sin disipar la preocupación internacional y nacional por el hecho de que estos siete hombres y mujeres sean culpables de nada más que de practicar su fe. Es evidente que desde el arresto hasta la sentencia, las autoridades iraníes ni siquera siguieron su propio proceso judicial correctamente, sin mencionar los estándares internacionales a los que Irán se ha comprometido. A los acusados se les privó del acceso a abogados y es obvio que el juicio no fue ni justo ni transparente».

«Insto a las autoridades iraníes a que consideren urgentemente cualquier recurso contra esta decisión y a que detengan estos ataques contra la comunidad bahá’í. También pido al Gobierno iraní que garantice la protección absoluta de los derechos de todas las personas, sin discriminación, y que cumpla sus obligaciones para con sus propios ciudadanos tal y como está establecido en la Constitución iraní», dijo el Sr. Hague.

El Ministro de Asuntos Externos de Holanda, Maxime Verhagen, expresó la preocupación de su país por «la defectuosa ejecución del proceso judicial en el caso de los siete dirigentes bahá’ís» y su temor a que el arresto y la sentencia estén «basados solamente en la discriminación de creencias religiosas».

«Es escalofriante que, al parecer, esta gente haya sido condenada por sus creencias», dijo el Sr. Verhagen.

«Insto a las autoridades iraníes a que cumplan sus obligaciones internacionales para con los derechos humanos. Los dirigentes bahá’ís tienen derecho a un juicio justo y deben ser puestos en libertad lo más pronto posible».

Australia, Canadá, Francia, Alemania y el Presidente del Parlamento Europeo ya habían emitido anteriormente firmes declaraciones de preocupación ante la noticia de que cada uno de los siete dirigentes bahá’ís de Irán haya sido condenado a una sentencia de prisión de 20 años, según informa Bahá’í World News Service el 11 de agosto.

Organizaciones de Derechos Humanos

Numerosas organizaciones de derechos humanos (incluidas Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos –FIDH– y Human Rights Watch, HDR) han emitido llamamientos exigiendo que los prisioneros sean liberados, el juicio anulado, y que Irán demuestre que fue justo y conforme a los estándares internacionales.

«Es una fracaso intolerable de la justicia y un ejemplo más de cómo el régimen iraní es un burdo violador de los derechos humanos y de las libertades religiosas», dijo Leonard Leo, Presidente de la Comisión de Libertades Religiosas Internacionales. «Las acusaciones y sentencias son, simple y llanamente, actos motivados por política y religión, y la Comisión exige la liberación incondicional de esas siete personas».

Diane Ala'i, representante de la Comunidad Internacional Bahá’í ante Naciones Unidas en Ginebra, dijo que la actuación de las autoridades iraníes contra personas totalmente inocentes representa una «parodia vergonzosa de la justicia que desafía cualquier intento de describirla».

«En cada etapa del caso (desde su detención ilegal y las brutales condiciones de su reclusión, a lo largo del juicio, y hasta su encarcelamiento actual completamente ilegal) no se han respetado ni siquiera las normas más básicas y fundamentales de la justicia ».

«Agradecemos que el mensaje se escuche alto y claro desde los gobiernos y organizaciones en defensa de los derechos humanos de todo el mundo. Es hora de que Irán arregle todo el mal que ha hecho».